Los unos y los otros en la lucha por la apropiación del espacio.

Ana E. Núñez 1

INTRODUCCION

Hasta la crisis del modelo de acumulación fordista, el Estado tenía un rol decisivo en los procesos de reproducción del capital y de la fuerza de trabajo, donde la instrumentalización de las decisiones respondía a un proyecto político. En los estudios urbanos, se hablaba de la urbanización de la pobreza, dentro del marco teórico de las Estrategias familiares de vida. Hoy,donde las relaciones económicas son impuestas políticamente, los estudios urbanos han virado hacia el análisis de los nuevos emergentes que provoca el actual régimen de acumulación capitalista. Concretamente, la investigación urbana se ha centrado en el espacio de los flujos o la ciudad informacional, global y dual.

Este economicismo en base al cual se toman decisiones políticas (a la inversa de lo que ocurría hasta los albores de la década de 1970), encuentra su correlato en un objetivo explícito: mejorar la productividad urbana, con gobernabilidad y sustentabilidad, pero a través de unajuste estructural, proceso que, como se sabe, ha agravado y acentuado la exclusión social. Así, la cuestión urbana es también una cuestión netamente económica: se piensa que la ciudad es por donde pasará el crecimiento económico; por lo tanto, hay que aumentar su productividad y hacerla eficiente, a partir de reducir el Estado y refundar el mercado. Esto genera un modelo de gestión urbana basado en la privatización y el plan estratégico. Se propone, discursivamente, la concertación para proponer ejes estratégicos de desarrollo para la ciudad pero que, en realidad, responden a intereses particulares, ya que hoy se interviene sobre fragmentos propicios para la inversión privada, en ausencia de un proyecto de ciudad. Se conjuga un trío compuesto por mercado-ciudad-Estado; hay una modificación del escenario, pasando del político al económico mercantil, reduciendo el concepto de ciudadano al de mero consumidor-usuario-contribuyente, lo que nos permite hablar, ahora, de una pobreza de la urbanización, es decir, como bien dice Demo, de la pobreza como proceso social y político.

En este marco, el artículo está imbuido del propósito de develar porqué, en una ciudad intermedia con fuertes contradicciones urbanas, éstas no se manifiestan en conflictos. Nuestra hipótesis es que el abordar la inmediaticidad de los movimientos sociales en relación a la producción y consumo del espacio, encubre la contradicción urbana fundamental que es su apropiación desigual y los mecanismos de su valorización, es decir, tanto la participación como la toma de decisiones políticas están atravesadas axialmente por los procesos inmediatos de valorización inmobiliaria y por la inexistencia de un proyecto democrático de ciudad.

El análisis se centra en el accionar de una organización vecinal y del Estado desde la década de 1970, alrededor del histórico proyecto de relocalización de un asentamiento irregular de la ciudad de Mar del Plata.

SOBRE EL ESPACIO SOCIAL MARPLATENSE

Desde la perspectiva teórica de Pierre Bourdieu 2, consideramos que la ciudad es un campo social de fuerzas en pugna, cuya estructura tiene que ver con el capital acumulado y su distribución, referenciando por capital todo tipo de bien en torno al cual puede constituirse un mercado, es decir, tiene que ser un bien apreciado, producido, consumido y tiene una dimensión histórica.

Aquí, el capital específico que está en juego es la tierra. Pero el acceso social a ella puede estar ligado a: 1) aumentar el volumen de capital económico (como reserva de valor); 2) al capital social (pertenecer al grupo de propietarios o terratenientes); 3) al cultural (incorporado bajo la forma de habitus, ligado a determinados valores de lo que significa ser propietario u ocupante ilegal); y 4) al simbólico (ser reconocido como diferente o no frente a los demás agentes del campo; así, ser propietario es un bien simbólico).

Los distintos factores que se imbricaron para que surgiera Mar del Plata 3 (en adelante, MDP) signaron su desarrollo urbano con un proceso creciente y sostenido de valorización del capital inmobiliario, coadyuvando a sentar las bases históricas de la división social del espacio. Concretamente, tres procesos otorgan particular interés al estudio de la sociedad y el espacio marplatenses:

1) MDP es un loteo aprobado por excepción, es decir, nace de una transgresión a las normas, ya que se funda sobre tierras privadas y no fiscales, como establecía la Ley, proceso que sentó las bases de un mercado de tierras con una dinámica bastante particular;

2) el predominio histórico de la lógica del capital comercial. Ya en 1881, del total del capital urbano invertido, el 92% correspondía al comercial (básicamente “tiendas”) y sólo el 8% al industrial, reproducción del excedente en los servicios que favoreció la especulación inmobiliaria; y

3) su acelerado proceso de urbanización . La estacionalidad de su mercado de trabajo atrajo fuertes contingentes migratorios, tanto temporarios como permanentes, para cuyo asentamiento se crearon distintos loteos. En efecto, ya en 1914 no sólo ocupa el décimo lugar entre las ciudades más grandes del país, sino que mientras Argentina tenía 52.7% de población urbana y 30% de población extranjera, estos indicadores en el Partido de Gral. Pueyrredón, (en adelante, PGP), eran del 85.7% y 47.1%, respectivamente. Este proceso, que la ha ubicado como una ciudad grande entre las intermedias, alcanza su mayor dinamismo en la década de 1950, cuando se radicaban en la ciudad 7 familias por día, cifra que hoy alcanza a 3.5 hogares.

La lucha por la apropiación del espacio es el interés genérico pero hay, también, intereses específicos ligados a las posiciones que cada uno ocupa en el campo, en relación a la posición social ocupada. En este mercado, hay oferentes y demandantes del mismo bien pero, a la vez, hay una diversificación en la producción (distintos loteos) y en el consumo (distintas formas de provisión de viviendas); es decir, hay una competencia entre los productores para ganar distintos tipos de consumidores.

La dinámica del campo es la relación social de propiedad (que permite la transacción o intercambio, transformando la tierra en un bien de cambio) y, a la vez, es un signo de reconocimiento de pertenencia al campo urbano.

No obstante, hay un espacio en el cual este intercambio no puede tener lugar y es el conformado por los que no tienen capital económico para entrar en el campo de juego. Pero si bien la vivienda es el espacio privado por excelencia, desde el cual se puede ejercer el derecho de excluir a otros, otra cosa es cómo se accede a esa vivienda.

Lo que estamos planteando aquí es la contradicción establecida entre un derecho constitucional (Art. 14 bis: El Estado debe garantizar el acceso a una vivienda digna, es decir, un derecho social) y el Art. 2506 del Código Civil (sobre el derecho real de propiedad). Y esta contradicción es la que atraviesa axialmente hasta el mismo corazón de las políticas públicas: la inconstitucionalidad de la inacción estatal para con el primero, empuja a una amplia franja de la población a transgredir el segundo, tiñendo esta práctica social como ilegal, pudiendo poner en juego sólo su capital social, es decir, la red de relaciones.

Pero entre ambos espacios (el legal y el ilegal) hay otros intersticiales donde funcionan submercados, que podemos llamar irregulares y que interactúan con ellos, donde las fronteras entre lo legal y lo legítimo no son tan nítidas. Porque en estas relaciones de poder, de dominación - dependencia entre posiciones sociales ¿cuál es el límite entre la legalidad de la acumulación de tierras como bien de cambio y el de la legitimidad de la apropiación de la tierra como bien de uso?

En nuestra sociedad, ser propietario aparece, históricamente, como una categoría cultural, objetivada, en relación con la capacidad económica de su adquisición. Es un capital cultural institucionalizado, legalizado, regulado, que tiene estrecha relación con la existencia misma de nuestro campo social: la ciudad. El mismo concepto de propiedad  ha quedado, desde el siglo XVII hasta hoy, restringido al derecho de excluir pero no al de no ser excluido del uso de valores de uso sociales.

En la base de la dinámica del campo están las estrategias de distinción , como instrumentos de diferenciación entre las clases sociales y las fracciones de clase. Sin embargo, el campo de la producción de esos bienes ofrece continuamente nuevos bienes o nuevas maneras de apropiarse de los mismos bienes, apareciendo aquí, como relevante, el rol de los intermediarios.

En la ciudad, es el capital incorporador quien suele actuar como instancia de legitimación del campo y del surgimiento de la diversificación. Concretamente, la creación de diferentes mercados de tierra para distintos sectores sociales.

Es en este contexto que planteamos la distinción entre propiedad y apropiación. La propiedad privada del suelo, como Institución, presupone una base legal para el intercambio; un cierto poder para obtener los derechos de propiedad; el derecho de entrada al campo. En la transacción prima el valor de cambio de esta mercancía pero la propiedad, además, supone una ruptura entre la producción y el consumo, es decir, entre el momento en que se produce tierra urbana (se lotea) y en el que se consume como soporte.

Contrariamente, la apropiación como proceso social de uso, ocupación y transformación de un valor de uso, nos propone la indivisibilidad del circuito producción/consumo. Presupone una base legítima para el uso de valores de uso sociales. Se privilegia el uso del suelo, no la propiedad.

El espacio social tiende a funcionar como un espacio simbólico, un espacio de estilos de vida y de grupos de status. Pero el espacio geográfico también, es decir, es un espacio que se sobreconstruye en las contradicciones del proceso de urbanización capitalista pero atravesado por la disputa, por las luchas por la legitimidad y el poder, procesos que no sólo tienen lugar en lo material sino, cada vez más, en el campo de lo simbólico. Ambos se encuentran estrechamente vinculados porque los costos de reproducción de la fuerza de trabajo son diferenciados en el uso del espacio. Por que si no ¿cómo explicar la apropiación del espacio sin comprender la sociedad que lo configura?

MDP surge en 1874, en pleno auge del modelo agroexportador, estrategia conducida inequívocamente por los terratenientes, quienes establecieron las bases del mercado de tierras. Este es un momento en el que no puede diferenciarse propiedad de apropiación, es decir, la posesión de muy pocos de todo el capital específico, yendo de la mano de la posesión del capital social (red de relaciones institucionales y gubernamentales) y del capital simbólico, conforma una ecuación que da por resultado el ejercicio de una dominación simbólica, o sea, decidir qué, dónde, cómo, cuánto y para quién producir y comercializar tierra urbana. En este sentido, históricamente, la ciudad de MDP fue un recorte territorial de la sociedad nacional y fue concebida, desde su origen, como un objeto privado, prevaleciendo una concepción política de orientación de las inversiones hacia los sectores urbanos destinados a la reproducción del capital y tendientes a la valorización del espacio y no a la reproducción de la fuerza de trabajo. Hay una brecha histórica entre recursos y satisfacción de necesidades de la población en ausencia de un proyecto político y público de ciudad, donde se conjuguen las contradicciones que devienen de las necesidades de la población y los requerimientos de valorización del capital .

Su consolidación a comienzos del siglo como centro turístico no sólo será importante como sector de acumulación (históricamente, hay un predominio del sector terciario en el PBI de más del 55%, frente al 14% de la industria manufacturera) sino de atracción de fuerza de trabajo. En efecto, entre 1947 y 1991, mientras Argentina duplica su población total, el PGP la quintuplica, proceso estrechamente vinculado a la creciente importancia que van adquiriendo las ciudades intermedias y alcanzando mucho más temprano que el conjunto del país un alto grado de urbanización, contribuyendo por entero a este proceso, hasta 1980, MDP, receptora hasta mediados de siglo de migración extranjera y, posteriormente, interna .

Esta dinámica de los fenómenos demográficos tiene que ver con la estacionalidad y dinamismo de su mercado de trabajo, ya que el crecimiento relativo de su población potencialmente activa fue no sólo superior al promedio del país en su conjunto sino, incluso, al del Conurbano Bonaerense, área de mayor crecimiento del país, ya a partir de 1960. En efecto, en el total relativo de la población activa, MDP supera al CB en lo que atañe a migrantes nacidos en el extranjero, en todos los estratos ocupacionales. Dicho en otros términos, entre 1970 y 1980 el PGP presenta un crecimiento de la oferta de mano de obra que supera una vez y media al CB. Es una ciudad que ostenta mayoría de clase obrera asalariada con un peso similar al CB, donde predomina el subsector empresarial, pero distribuida mayoritariamente en la construcción y los servicios y tiene más trabajadores especializados autónomos, con alto predominio de los subsectores microempresarial y cuenta propia.

En otros términos, aún en un contexto de progresiva desindustrialización, abrupta contracción de las actividades agropecuarias, crecimiento ininterrumpido del sector terciario, un aumento sostenido del cuentapropismo en todas las ramas, y ostentando el segundo lugar en los índices de desempleo del país, la información estadística nos permite verificar que los hogares y la población marplatenses tienen mejores condiciones de vida, en todos los estratos sociales, que los del CB y donde su diversificación productiva y características de su mercado laboral la han convertido en objeto de una mayor movilidad social, en sentido amplio. En otras palabras, habría en esta ciudad mayor capital social de relaciones que favorecería, a partir de las cadenas migratorias, el ingreso a su mercado de trabajo, ratificado por lo que acontece al pasar del universo PEA al de la población total: hay un ligero aumento de la clase obrera a expensas, únicamente, del incremento del estrato autónomo, lo que está relacionado con dos variables fundamentales para el análisis de las estrategias de reproducción: 1) las disparidades en el tamaño del hogar, debido al nivel de fecundidad y la composición de los hogares; y 2) la especialización productiva de los jefes y los no jefes del hogar, es decir, de la fuerza de trabajo primaria y secundaria. En síntesis, en el imaginario social de los inmigrantes, MDP es vista como el locus posible donde vender y reproducir fuerza de trabajo.

SOBRE LA DIVISION SOCIAL DEL ESPACIO

En líneas generales, el proceso de estructuración de la ciudad puede resumirse en dos grandes etapas: 1) desde sus orígenes hasta la década del ´40, en que la propiedad coincide con la apropiación, es decir, una idea de ciudad con una clara división del espacio para la reproducción simple de la fuerza de trabajo y para la reproducción ampliada de los gestores del proyecto; y 2) a partir de mediados de 1940, donde se imbrican el crecimiento demográfico y las políticas públicas implementadas a nivel nacional, produciendo un relativo acceso social a la propiedad de la tierra en la periferia de la ciudad por parte de los sectores de menores recursos. Pero la periferización no es un proceso natural sino un proceso construido, de invención inmobiliaria, en zonas de baja renta diferencial, favorecido por una estructura de propiedad de la tierra históricamente concentrada, proceso en el cual el Estado no ejerció un control real en su producción y reproducción.

En efecto, entre 1959 y 1981 encontramos las siguientes características: 1) alrededor de 30 propietarios con un promedio de 20 has. cada uno; 2) el 66% de ellos retuvo esa superficie hasta 1981, permaneciendo casi la totalidad vacante y sin lotear; 3) el 22% los retuvo hasta 1989 y 4) del 42% de las parcelas que permanecían baldías a esa fecha, el 11% de sus propietarios no residía en MDP. A su vez, entre esos años las Personas Jurídicas incrementan entre 7 y 10 veces la superficie bajo propiedad, pero hay una clara estrategia de retirarse del ejido urbano y expandirse sobre tierra rural, inexplotada, para reiniciar el proceso de reconversión de uso del suelo. Es decir, un momento histórico donde se diferencia la propiedad de la apropiación. O sea, el derecho de propiedad no sólo define una posición relativa (poseer el capital que está en juego) sino la legalidad del poder de su administración.

Pero las distintas estrategias nos permiten reflexionar acerca del sentido que adquiere la propiedad. Una mejor posición en el espacio social necesita, como complemento, mayor capital simbólico de reconocimiento. Aquí la propiedad sería la legitimación de esa posición relativa, la refuerza. Una posición más inestable encontraría en la propiedad una forma de capital cultural que legaliza o permite la pertenencia al campo urbano. Dos clases sociales, dos estrategias de reconversión pero un mismo instrumento de reproducción con rendimiento diferencial.

Empero, en este juego de reconocimiento la casilla de la renta sólo se sortea con la ficha del capital económico que es la que delimita lo posible de lo no posible y es la que confronta, en nuestra opinión, el habitus (individual y de clase) con el acontecimiento.

Esto supone que hay otra diferenciación entre la posición que ocupa quien posee en mayor o menor grado el capital y entre la que ocupa quien no lo posee y es el grado de legitimación social de esas posiciones.

En tal sentido, es imprescindible aquí hacer referencia al rol de las políticas públicas, como una dimensión fundamental de la intermediación en el funcionamiento de este mercado específico, ya sea por el corpus normativo que reafirma la división social del espacio (política impositiva, fiscal, inmobiliaria, etc.) y/o por intervenciones directas sobre el campo urbano que impactan directamente sobre el precio de la tierra, es decir, sobre la renta capitalizada, como el proyecto que nos ocupa.

Es este un proceso que verá  enfrentados a moradores/ "no-moradores" 4 (inmigrantes) y el Estado aparecerá, en un primer momento,  como mediador para evitar el conflicto. Es decir, aquí no se enfrentan moradores/Estado. El morador original será  tratado como un "no-morador", que justifica la intervención del actor "neutro": el Estado, que ejercerá  una acción equilibradora: promover  el "progreso" y la "renovación urbana" (dos Santos, 1981). La fórmula conciliatoria que usará  el Estado será  crear condiciones habitacionales para los expulsados, en otro lado.

Esta lucha que se da por la apropiación de un espacio en pro de lograr una identificación social en la producción de la ciudad, puede analizarse a través de los conceptos de Dos Santos de Evento movilizador, Institución, Catalizador y Lucha que, paradójicamente, él utiliza para analizar los MSU. El evento movilizador fue el desalojo de la villa; la Institución se armó sobre el Campo, sin llegar a confundirse con él; la Organización es la que soportó la Institución, como representativa de los intereses de los “residentes”. El accionar de la Organización se vio reforzado por el Catalizador: la Prensa. Fue un actor que tornó inteligible el discurso; fue de confianza para la Organización y fue una intermediación legitimada tanto por el Campo como por la Arena. En un segundo plano, el Estado también actuó como catalizador.

El evento...

Alrededor de 1940, comenzó a formarse en Mar del Plata un asentamiento irregular, denominado "Villa del Divino Rostro", en un barrio inmejorable desde el punto de vista de su localización exclusivamente (ver Figura Nº 1), ya que es esa una de las zonas más altas de la ciudad y está a sólo 15 cuadras del Casino. Sin embargo, en esos años funcionaba allí una cantera, no había infraestructura, las calles estaban cortadas y sus habitantes eran todos migrantes internos que en verano trabajaban en los servicios, en primavera en la pesca y en invierno en la construcción. Así, puede leerse en un periódico local "...predios desocupados y calles cortadas inexplicablemente, donde proliferan viviendas precarias, antro de suciedad y miseria..." 5

Esta nota está firmada por un propietario de la zona cuyo seudónimo es Un vecino de Almafuerte, por dos motivos:

1)       porque los predios en cuestión están delimitados por las calles Almafuerte, Lamadrid, Arenales, Formosa, Matheu (ver Figura Nº 1); y

2)      porque propone erradicar la villa para crear una plaza que lleve el nombre de Almafuerte, en homenaje a Pedro Palacios, para realizar eventos culturales. La propuesta es abrir calles a la cultura...

 

El 14 de noviembre el Intendente contesta que el predio en que se solicita la instalación de la Plaza no ha sido ofrecido por sus propietarios y no se puede pensar en la adquisición o expropiación, dado su extraordinario valor inmobiliario al estar enclavado en uno de los sectores más codiciados de Mar del Plata.

El 23 de mayo, el vecino de Almafuerte escribe en La Capital sobre la necesidad de

"...erradicar la villa de emergencia que podría llamarse de indecencia. Es la zona más alta de Mar del Plata y la más expuesta a la mirada del turista. Cada día que pasa sin erradicar ni una sola de esas casillas es un deplorable retroceso. El lugar resulta inmejorable para la formación de un barrio residencial magnífico puesto que no hay edificación vieja. Parece una burla de las autoridades que cualquier persona en terreno ajeno puede levantar sin ningún control una casilla de lata y cartón. Ha llegado el momento que los vecinos emprendan una enérgica campaña para dirigirse al Gobernador ya que no parece solucionarse por la comuna. Se invita a nuclearse y luchar por ese objetivo" (La Capital, 23/05/1969).

La solicitud de gestión de la localización de un medio de consumo social (la Plaza de las Artes) permite emerger el evento movilizador que dará  origen a la Organización, donde el Estado en su instancia local es explícitamente reconocido como no representante de sus intereses.

El catalizador va a permitir que se manifieste la autorrepresentación de los participantes de la arena, es decir, la voz de los habitantes, bajo el título de "La prensa va a la villa": "Aquí vivimos muy felices. En la mayoría de los casos, nos estamos construyendo la casa en otro lado y pagando un terreno. Queremos agradecer a quienes sean dueños de los terrenos por esta posibilidad de vivir de alguna manera. Si nos tenemos que ir, nos iremos tranquilos siempre que no nos atropellen" (La Capital, 26/8/1969).

La Organización contesta por el mismo medio que esa nota aparecida en el diario es perjudicial para la población estable del barrio y para quienes aspiran a construir allí, poniendo de manifiesto el posible estallido del conflicto que devendrá entre los que, distanciados en el espacio social, están próximos en el espacio geográfico. Se requiere arbitrar los medios que contribuyan a la mejor “convivencia entre núcleos de población de opuestas condiciones sociales y económicas, que viven en el mismo barrio. Nadie puede apropiarse de lo que no es suyo. Le dicen: Tierra de Nadie. Pero esa tierra tiene dueño (...): el contribuyente, a quien la Municipalidad tiene la obligación de localizar y exigirle su contribución que tendría que derivarse a la provisión de los servicios de la zona” (La Capital, 5/09/1969).

El 15 de enero de 1970 es reconocida la Asociación Vecinal de Fomento Divino Rostro, presidida provisoriamente por un vecino de Almafuerte. Ahora comienza a definirse el Campo. A través de la prensa, la Asociación invita a los propietarios de los terrenos y a los funcionarios locales a visitar la villa: "Las calles permanecen cerradas por rocas,  árboles y casillas. El problema sería superado si la comuna encarara la apertura de las calles. Ahí aparecerán los propietarios que verían mejoradas las condiciones de sus terrenos y edificarían sus viviendas,desplazando naturalmente a los residentes actuales que se quedan porque nadie les dice que se tienen que ir. Este problema no es de difícil solución, al que se le agrega la falta de agua" (La Capital, 15/1/1970, sub. nuestro).

El Estado, que recién ahora aparece en el Campo, también utilizará  la prensa para comunicar, seis meses más tarde, que la respuesta del municipio es la relocalización del asentamiento en cuatro de los pabellones que componen el Hogar Municipal de Tránsito (en la localidad de Batán, distante unos 15 kilómetros de Mar del Plata) y en terrenos cercanos al Hospital Regional, donde se les otorgará un prototipo de vivienda económica: la Vivienda Espacial (La Capital, 17/6/1970).

"El tiempo transcurrió sin que los propietarios de los ahora cotizados solares efectuaran reclamo alguno. Treinta familias tienen juicio de desalojo en cinco días para que los propietarios de los terrenos recuperen el dominio de los mismos que en pocos años alcanzaron un gran valor. Si entre el 11 y el 15 no se desocupan los terrenos, una topadora destruirá  las viviendas. Los habitantes se dirigieron a la Secretaría de Bienestar Social para solicitar su mediación. Así las cosas, el IMCREVI informa que ya pueden ocuparse los primeros 43 departamentos del HMT. Los habitante piden que se amplíe el plazo a 20 días para poder trasladarse a los terrenos que han comprado o a una casa prestada” (La Capital, 15/9/1970, sub. nuestro).

Los desalojados responden que tener un techo es una seguridad pero aquello queda muy lejos de mi trabajo (La Capital, 21/9/1970).

El 2 de octubre, 10 familias son trasladadas al HMT habilitado informalmente. Se les proveyó los materiales necesarios para las tareas de pintura de las viviendas. El ciudado de las mismas, su buen mantenimiento, tener huerta o jardín y buena conducta, son factores que significan un 20% menos sobre el costo determinado por la superficie cubierta ocupada (La Capital, 2/10/1970). Preocupado, el Intendente visita la villa desocupada (en parte) y el HMT para cuya inauguración se va a esperar la venida del Gobernador.

Los que quedaron, están sin agua, sin cloaca, con aguatero pero a 15 cuadras del Casino. No se quieren ir porque "en invierno estamos cerca de la fábrica de pescado y en verano de las playas, donde nos ganamos la vida como vendedores ambulantes o en hoteles y restaurantes. Algunos de los que dejaron la villa, construyeron casillas en terrenos baldíos y las venden o las alquilan, como el "carpintero" o el "constructor. Hay dueño de la cancha de bochas, regente de la cancha de fútbol y barman's”  (La Capital, 13/11/1970).

En este punto del proceso, la prensa desaparece. Al haber respondido el Estado a parte de la demanda, la Asociación se dirige por notas directamente al Intendente: "La Asociación reconoce las causas del estancamiento edilicio y propone soluciones justas. Subsisten y se multiplican las viviendas precarias, proliferan sus moradores jóvenes y sin ocupación conocida. Se propone erradicar totalmente la villa, intimando a los propietarios de los terrenos a levantar construcciones fijas; realizar un convenio con OSN, la MGP y los vecinos para dotar de agua y cloaca a toda la zona; realizar la pavimentación y el alumbrado y crear la Sociedad de Fomento." (Nota al Intendente, 16/2/1971).

Las peticiones continúan en ese tenor, pero incluyendo una del 14 de junio de 1973 donde la Asociación deja expresa constancia que "la misma no pertenece al Partido Unión Vecinal, conformado por quienes convirtieron una entidad de Bien Público en trampolín de su vocación de gobernantes, quienes fueron únicos autores y beneficiarios de los "convenios" (Nota al Intendente, 14/6/1973).

Comenzado el gobierno de facto en 1976, la Asociación invita al Intendente a efectuar una visita a la zona, "una de las más progresistas en su aspecto edilicio y de las más atractivas de la ciudad. Pero ahora el problema son los lotes baldíos, cuyo descuido es inadmisible, teniendo en cuenta el valor de la propiedad en ese privilegiado lugar" (Nota al Intendente, 15/6/1976). A partir de aquí, la lucha se centra entre los residentes y los propietarios de esos lotes baldíos. En 1978, con motivo del Mundial de Fútbol, el Intendente solicita al Presidente de la Asociación para "colaborar en obtener la mejor imagen de los barrios para mostrar un aspecto impecable a los ojos de quienes nos visitan con motivo del evento" (La Capital, 07/06/1978).

Desde los primeros años del aperturismo fue un objetivo explícito de la política municipal coronar la ciudad turística con grandes emprendimientos urbanos. Así, en 1980, del total de las erogaciones municipales, el 53.1% correspondió a Gastos de capital, de los cuales el 30% fue a Obras y Equipamiento (el Complejo Balneario Punta Mogotes, la fuente de agua de la plaza central, la peatonalización de la calle San Martín, entre otros). En ese mismo año, los Servicios especiales urbanos representaron, en promedio, el 35% del gasto municipal, en abierto contraste con el 5% invertido en Salud yel 8% en Bienestar Social, guarismos que se mantienen con ciertas oscilaciones hasta mediados de los ´90 .

Nuevamente, nos encontramos con una concepción de ciudad como objeto privado y con un Estado municipal facilitador de las estrategias del mercado, que segrega cada vez más población. Pero la producción de este campo social aún hoy se debate en la contradicción capital inmobiliario-capital humano.

Todavía en 1980 continuaban los reclamos por los servicios e infraestructura, pero la Asociación ya está  disuelta. El barrio está  totalmente consolidado como residencial exclusivo y la provisión de servicios de infraestructura ha sido por cuenta de los vecinos sin tener una organización que los nuclee. Sin embargo, la Villa ahora no es del "Divino Rostro" sino que es la Villa de Paso, ya que su crecimiento se da sobre esta Avenida que marca el límite del barrio.

Si bien fue el accionar de una minoría con un problema territorializado específico, en nuestra opinión, constituye un buen ejemplo de la expresión de una lucha del carácter urbano de la contradicción , donde se logra dinamizar el proceso de valorización inmobiliaria, a partir de decidir que los moradores de un espacio no son más compatibles con él, son tratados como no-moradores y justifica la intervención equilibradora del Estado.

En 1998 surge un proyecto del presidente del Honorable Concejo Deliberante sobre un Programa de Relocalización de la villa, en desconocimiento del llevado a cabo 20 años antes. El mismo consiste en el traslado de los habitantes "teniendo en cuenta la lista de terrenos disponibles y el lugar donde trabajan los sostenedores de los grupos familiares, para no establecerlos lejos de su ámbito laboral" 6. Posteriormente, se procederá a la expropiación y subasta de las parcelas, recaudación que será destinada a solventar el emprendimiento con créditos que se solicitarán a entidades locales, nacionales e internacionales. No obstante, " los que puedan, pagarán sus nuevas casas con una financiación a largo plazo y aquellos que sean propietarios de tierras en otros sectores de la ciudad, serán ayudados técnica y económicamente para levantar sus viviendas" 7 .

El proyecto destaca, por un lado, la utilidad pública (sic) de los predios y, por otro, el interés de la relocalización en sí, que abarca a más de 300 familias. Empero, el municipio confeccionará una lista de beneficiarios que "irá ubicando en predios de distintos sectores de la ciudad" 8.

Según palabras del presidente del Concejo, "esto no es un regalo; es una tarea compartida entre el municipio, la sociedad de fomento y la gente que vive en la villa, a los efectos de completar el cerramiento de un desarrollo urbanístico en un sector importante de la ciudad" 9 .

En efecto, paralelamente a este proyecto, surgió otro por parte de los residentes permanentes del barrio, que consiste en desalojar la villa para revalorizar la zona mediante la construcción de un shopping. Hasta hoy, ninguno de los proyectos ha sido puesto en marcha.

A MODO DE CIERRE...

A pesar del tiempo transcurrido desde que comenzó a formarse el asentamiento, aun sigue consolidándose con familias que migran desde el interior y cuya ocupación se relaciona con los servicios, la pesca y la construcción. Asimismo, la relación entre lo público y lo privado, eje de la participación, debe ser redefinida incorporando al análisis la consideración de dos factores: el derecho a la vivienda pero también el rol de la comunidad barrial. El acceso a la vivienda, ámbito por excelencia de lo privado, instaura una serie de relaciones sociales que no sólo origina nuevas formas de relación con el poder local sino que, además, contribuye a la configuración de identidades sociales. Y esto requiere, como condición necesaria, la estabilidad del propio entorno, es decir, no sólo el acceso al espacio urbano y a la vivienda sino la permanencia en ellos.

Es por eso que el desalojo, que lo entendemos como una política urbana, enfrenta al individuo a una ruptura en la continuidad de su vida cotidiana; no sólo no puede generar esa red de relaciones sociales sino que se lo despoja de todo su capital social, el cual conlleva para estos sectores una seguridad que ni la economía de mercado ni las políticas sociales focalizadas les pueden garantizar.

En este sentido, los cambios que acontecen en el perfil de la familia, en la división familiar del trabajo, en la organización del consumo y, fundamentalmente, la historia del espacio social, son algunos de los aspectos que se deben conocer, respetar y considerar a la hora de hablar de relocalización.

Dicho en otras palabras, hay dos desplazamientos estrechamente imbricados: la migración laboral como emergente de la contradicción capital/trabajo y su contracara, la migración intraurbana, motivada por la renta del suelo que no sólo beneficiará al capital inmobiliario sino, también, al Estado.

Esta inestabilidad en el propio entorno, impide la constitución de una identidad barrial; hay una ruptura en la continuidad de su vida cotidiana y la identificación con un grupo también constituye una necesidad social trascendente. En todo caso, se ha modificado el patrimonio familiar y, en lo que atañe a la estrategia habitacional como dimensión de la reproducción social, la propiedad es lo que permite ejercer un dominio que fundamenta la distinción entre los más dominados en el espacio social.

Empero, cuando hablamos de propiedad privada, hablamos de la construcción jurídica del espacio privado 10, es decir, de la vivienda; del hogar en relación al barrio y al Estado. Por un lado, la economía de las prácticas nos permite adentrarnos en la heterogeneidad de la categoría propietario (como capital económico, capital social, capital simbólico) y, por otro, cómo es vivido como capital jurídico que establece prácticas de dominación en la esfera del consumo. En este sentido, entendemos que es necesario cuestionar el término ciudadano como sujeto inscripto en el mercado y frente al consumo, ya que se enmascara una relación estructuralmente desigual y se legitima la fragmentación social. Por el contrario, la noción histórica de ciudadanía se legitimó como un significante válido para la lucha en la extensión de los derechos 11 y el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, y discutir este derecho -dice Azuela - es discutir el propio estado de derecho. La propiedad es, quizás, la mejor constatación de las discrepancias entre el derecho vigente (formalmente válido) y el derecho realmente vivido por una sociedad, conflicto que atraviesa axialmente las decisiones políticas :

“...se descubrieron fórmulas legales para justificar el desalojo de los edificios ocupados...”   (Diario Página/12, 29/7/1993)

“...el gran problema que tenemos es la gente de las villas. Es muy difícil conseguir programas de erradicación como nosotros quisiéramos..

( Ex -Intendente Saul Bouer; Diario Página/12, 23/7/1993)

“...la solución debe encontrarse ordenadamente y con justicia, para darle a cada familia la oportunidad de comprarse un terrenito, pero con escritura, para que luego esa casa valga algo...”

(Gobernador Pcia. de Bs. As., Dr. Eduardo Duhalde, Diario Página/12, 12/10/1995)

“Ninguna figura del Código Civil contempla la situación de los más pobres. Por eso el Estado debe promover la posibilidad de que todos los ciudadanos (...) puedan acceder a la propiedad..”

(ibidem, Diario Clarín, 29/10/1995)

Vemos, entonces, que el límite entre la legalidad (de la propiedad) y la legitimidad (de la apropiación) se desplaza apenas se confronta con la realidad social. Es sólo en esta confrontación que puede entenderse el derecho como práctica social discursiva y relacional del poder. En términos de  Grüner, deberíamos inscribir la política no sólo como discurso sino como práctica de la polis, y el escenario de esa práctica no es otro que la ciudad, donde todos los ciudadanos participen en los asuntos públicos 12 . Vale decir, recuperar el sentido político y público de la ciudad y no propiciar la formulación de políticas en sus aspectos técnicos y programáticos. Las políticas públicas deben sumar equidad + racionalidad, donde la primera significa reducción de desigualdades sociales y la segunda optimización de recursos; pero de todos los recursos que ponen en juego los agentes en sus estrategias de reproducción: el capital económico, el social, el cultural, el simbólico. Debemos conocer, respetar y considerar el volumen y estructura de capital que los actores despliegan para acceder y pertenecer al campo urbano a la hora de hablar de política urbana.